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Quiero reconocer públicamente el artículo del compueblano Jorge Sánchez, la semana pasada en La Cordillera, elogiando mi carrera política y social dentro de nuestra comunidad.
Viniendo de una persona que no necesariamente defiende la ideología del Partido Popular la acepto con humildad y agradecimiento. El asunto de denominar el nuevo viaducto con mi nombre es un halago que, sin duda, podría enorgullecerme; sin embargo prefiero el cariño y admiración de amigos como Jorge (y de mi pueblo) a exigir el reconocimiento que por olvido u omisión no ha llegado a la consideración de las personas responsables.
Empato este asunto con la nueva ley que exime a las Iglesias del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en ventas al detal y servicios ocasionales; porque ambas dependen de la buena o intencionada (intención) de que otros intereses contaminen una buena y justa propuesta.
Desde que tengo uso de razón, en los primeros grados de la escuela elemental, aprendí que nuestra Constitución establece la separación de la Iglesia y del Estado.
Entre las muchas razones entiendo que la Iglesia es más intensa en procurar el bienestar espiritual de la gente y el Estado se identifica con el asunto de las libertades individuales y particulares de las personas.
Además, el control de la Iglesia con el Estado o viceversa permite o permitiría conflictos entre unas denominaciones y otras, restricción de derechos y un sinnúmero de diferencias que sin duda complicarían el buen funcionamiento de ambos poderes dentro del pueblo.
El más reciente es el asunto entre lo que persigue el Estado en torno a la legalización de las parejas homosexuales, lesbianas, etc. y la ley (Bíblica) de la Iglesia que lo prohíbe.
No obstante, según tengo entendido, esta ley sólo exime del pago de IVU a las Iglesias en ventas y servicios ocasionales. Por ejemplo, algunas Iglesias realizan actividades de venta de almuerzos para levantar fondos adicionales para cubrir ciertos gastos e imprevistos.
Normalmente los almuerzos son comprados por los mismos feligreses, los ingredientes son donados por los miembros de la Iglesia, y se consumen, para llevar, en los hogares. En otras Iglesias los jóvenes lavan autos y hacen otro tipo de actividades parecidas entre sus mismos miembros.
Estos son los casos que protege dicha ley. Es como si usted tiene un auto y decide venderlo, es una venta ocasional, por lo que no paga IVU. Esta ley, sin embargo, no cubre a Iglesias que operan librerías, cafeterías, puestos de gasolina, escuelas, etc. El problema en todo este asunto es la doble intención del gobernador de firmar la ley en tiempos políticos.
Ver a los líderes religiosos metidos en todo este enredo, cabildeando en el Capitolio y con el gobernador, no proyecta una buena imagen en términos de la separación entre la Iglesia y el Estado.
En algún momento oportuno el político le pasará factura a la Iglesia. Entonces, los religiosos se verán en la disyuntiva de defender a los políticos, a todo costo, incluyendo respaldarlos políticamente aunque no lo merezcan; provocando posiblemente una deslealtad a su fe.
Los tiempos de hoy nos invitan a ser transparentes, que lo seamos y lo parezcamos, como la versión de la mujer del César, a no contaminarnos de los placeres de palacio. La Iglesia debe estar libre para predicar su verdad, justicia y salvación. Y el más grande honor que un ex alcalde puede recibir es el reconocimiento de su pueblo.* |