El veto del Gobernador a la ley que crea una política pública para atender a la población con autismo en Puerto Rico fue como una espada que traspasó el corazón de muchos padres en Puerto Rico.  En el pasado quedaron las promesas de campaña en donde se mencionó específicamente la problemática de los niños con autismo, sus familias y la necesidad de proveer para sus necesidades.

Los gastos en que incurren muchas familias para ayudar a que estos niños superen sus dificultades son impresionantes. Aquéllos que no se conforman con los servicios ineficientes del Departamento de Educación para estos niños, recurren al sector privado gastando entre $300 a $3,000 mensuales en todo tipo de terapias (terapia del habla y lenguaje, terapia sensorial auditiva Tomatis, terapia ocupacional, visual, escuelas especializadas y tratamiento bio-médico) en forma intensiva porque están conscientes de que trabajando en esta forma e integrando todas las áreas en dificultad es como único pueden cambiar el futuro de sus hijos.

El veto no fue contra la legislatura, no fue contra la oposición, fue contra los que no pueden defenderse, contra los que han sido víctimas por años de diversos gobiernos y políticas desacertadas: contra los niños con autismo. 

El proyecto de ley ha vuelto a radicarse en la legislatura.  El Gobernador tiene una oportunidad histórica.  Los niños con autismo en Puerto Rico no le piden que les ponga dinero en el bolsillo, sino que use su corazón y con la mano firme la ley.